¿Trasvase o desaladoras?

El agua, al mismo tiempo que constituye el líquido más abundante en la Tierra, representa el recurso natural más importante y la base de toda forma de vida. El agua puede ser considerada como un recurso renovable cuando se controla cuidadosamente su uso, tratamiento, liberación, circulación. De lo contrario es un recurso no renovable en una localidad determinada.

Según las previsiones, en 2050 podría llegar a 54 el número de países sometidos a estrés hídrico o escasez de agua, con una población total de 4.000 millones de habitantes, es decir, el 40% de la población mundial que por ese año se estima que será de 9.400 millones de personas. Las regiones más afectadas son Oriente Medio, el norte de África, la cuenca mediterránea, el noroeste de China y algunas regiones de Estados Unidos y México. La sequía supone un obstáculo al desarrollo sostenible de estas regiones y una amenaza para la seguridad alimentaria de la población.  Esto se le suma las malas condiciones del agua en algunos países; según los informes de las ONG y de los organismos internacionales, en muchos países en vías de desarrollo, mueren miles de personas al día por falta de un adecuado sistema de saneamiento.

Además, la degradación de la calidad de los ríos, lagos y zonas costeras, obliga a realizar grandes inversiones para almacenar o transportar el agua. Lo que conlleva grandes pérdidas económicas ante una creciente necesidad de agua dulce y potable; ligada al crecimiento demográfico y al desarrollo económico, sobretodo industrial, turístico y agrícola.

En España, ante la falta de agua, se plantea el aumento de la disponibilidad mediante trasvases o desaladoras, lo que ha abierto un profundo debate político.  Por una parte, el Gobierno se opone al trasvase del Ebro a la Comunitat Valencia, Murcia y Almería ya que dice que éste perjudicaría directamente a pueblos aragoneses y ciudadanos del Delta del Ebro. Hay que señalar también que dicho Gobierno ha aceptado un trasvase a Barcelona que según éste no tiene que ver con el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y lo denomina un trasvase provisional para Barcelona que solo recibe agua para beber y no para regadío, además dicho trasvase no repercutiría en el caudal del río y le sale más barato al Estado. Por otro lado, tanto la Generalitat Valenciana (PP) como los habitantes de las regiones de la Comunitat Valenciana, Murcia y Almería, aceptan el trasvase de Barcelona siempre y cuando ocurra lo mismo co dichas regiones. Además, el objetivo de éstas es recuperar lo posible del PHN para disponer de agua para el uso doméstico y el regadío. A su vez, estos reprochan al gobierno que el trasvase del Ebro podría haberse realizado en diferentes periodos, como en el de 1994-1995 cuando el volumen trasvasable hubiera sido del 90% y en el periodo de 2006-2007, en pleno periodo de sequía, se podría haber realizado el trasvase completo.

A esta escasez en la Comunitat Valenciana, el Gobierno invirtió 1.000 millones de euros en el proyecto AGUA basado en el ahorro, mejorando los sistemas de regadío, y potenciando la reutilización y la depuración del agua; así como la desalinización; evitando los cortes de agua en los periodos de mayor sequía.

Para entender el problema debemos saber que la construcción de un trasvase implica numerosos inconvenientes: conlleva a construcción de grandes embalses, tanto en la cuenca donante como en la cuenca receptora, las grandes construcciones que cruzan el territorio causan graves impactos ambientales, la mezcla del agua de la cuenca donante con la de la cuenca receptora tiene graves implicaciones ecológicas. Además de la  mala calidad del agua debido a la gran cantidad de sulfatos, así como la superación del límite indicativo de conductividad; o el coste energético y sus emisiones de CO2, mucho mayores que los de cualquier otra alternativa; así como la gran inversión económica que implica. Por otro lado, las desaladoras también tienen graves consecuencias sobre el medio debido a la propia construcción de la planta desaladora en zonas costeras y su impacto sobre el paisaje, la energía eléctrica consumida para vencer la presión osmótica y  bombear el agua desde su origen y posteriormente hacia los depósitos de almacenamiento; la salmuera, un residuo muy concentrado en sales, presenta diferencias de pH y temperatura respecto del agua original, y que causa la muerte de las praderas de posidonia y por tanto empobrece el agua de oxigeno.

El problema radica en el enfoque del problema. Ante la falta de agua, únicamente se plantean medidas de aumento de la disponibilidad, mientras que se deja en segundo plano la reducción del consumo.

Por ejemplo, en España, el sector agrícola consume un 80% del agua, por lo tanto, no es posible poner en marcha un plan hidrológico sin crear antes uno de regadíos. El 40% de la agricultura de regadío en la Comunidad Valenciana es riega de pozos. Y son estos miles y miles de pozos los que han permitido que los campos de algarrobos y almendras y otros cultivos de secano pasaran a producir naranjas, clementinas, frutas de verano y hortalizas; multiplicando los focos de riqueza, pero manteniendo en la incertidumbre a los agricultores ante las posible esquilmación de los mismos.

Pero mucho más llamativo es el caso de los campos de golf. Mientras España sufre la peor sequía de hace 60 años, cientos de urbanizaciones con campos de golf se construyen en Valencia (con 43 campos y 50 proyectos), en Murcia (con 22 campos y 43 proyectos) y en Andalucía (con 10 campos y 50 proyectos). Para regar estos campos de césped es necesario más de 400.000 metros cúbicos de agua al año, lo equivalente a una población de 6.849 personas. Por ello, las consejerías de Medio Ambiente suelen condicionar que los campos se rieguen con aguas residuales procedentes de las estaciones depuradoras. Sin embargo, esta agua no es buena para regar, y muchas veces no hay una depuradora cerca con una población suficiente para todo el año; con lo que se acaba regando con agua normal.  Docenas de expedientes se acumulan contra campos de golf que han captado agua virgen sin permiso; la mayoría por abrir pozos subterráneos sin autorización.  Y son estas comunidades, las que más problemas hídricos, y las que lideran la reivindicación de los trasvases.

Como soluciones pues al problema hídrico, en el campo de la agricultura deberían tomarse medidas como: la reutilización de aguas residuales y la modernización de infraestructuras, el fomento del ahorro, la optimización de los recursos y el control de los regadíos ilegales o desincentivar nuevos regadíos y cultivos intensivos que desde el punto de vista ambiental y de la biodiversidad, son totalmente insostenibles, denegando la implantación de nuevos trasvases y desaladoras; además de restricción y posterior denegación de los campos de golf. Otra medida muy importante sería el impulso de campañas de educación e información ciudadana para la conservación del agua, con la propuesta de prácticas sostenibles de consumo.